Las decisiones se toman en Capital pero las consecuencias se dan en todo el país

Las decisiones se toman en Capital pero las consecuencias se dan en todo el país

Las provincias vienen perdiendo recursos fiscales ante la recesión económica imperante, la pérdida de fondos coparticipables y el agravamiento del peso de sus deudas.

Las finanzas públicas de la mayoría de las jurisdicciones argentinas están atravesando momentos de zozobra debido a una combinación de decisiones tomadas por las mismas autoridades provinciales, pero también por las nacionales. Esto es, la decisión de endeudarse que tomaron algunos gobernadores que ahora se volvió un gran factor de presión a raíz de las devaluaciones sucedidas, la caída en la recaudación por la recesión económica que existe y la reducción de la coparticipación por las nuevas medidas que tomó el gobierno nacional. Lo llamativo es que hasta hace unos meses atrás, los números fiscales provinciales eran buenos, principalmente porque habían aumentado los recursos coparticipables que llegaban de Nación, una situación que tuvo como mayores beneficiados a Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Aunque todas estas ventajas casi que quedaron en la nada con el impacto que tiene la crisis económica, fundamentalmente sobre la recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), que es la mayor fuente de recursos para las provincias. Los impuestos nacionales coparticipables, como IVA y Ganancias, también son afectados ya que la recaudación del primero subió un 40% en términos nominales en lo que va de este año, según AFIP, pero igual se mantuvo 15 puntos por debajo de la inflación. En el caso del tributo ganancial, el nivel empató al de los precios. Los Ingresos Brutos dependen exclusivamente del nivel de actividad y representan más del 80% de los ingresos fiscales de las provincias. “La medición del primer semestre muestra una caída de entre el 5% y el 10% en términos reales en IIBB. Al mismo tiempo, caen los ingresos fiscales derivados de la coparticipación, del 3% al 6% salvo Buenos Aires y La Pampa. Si se suma el efecto IIBB y de la coparticipación, se verifica una reducción de los ingresos en términos reales de 5 a 7 puntos. Es una caída relevante”, explicó Ariel Barraud, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). El especialista agregó que por razón de la aceleración inflacionaria, se produce un descenso de la recaudación por nivel de actividad y aumenta el gasto en salarios, una circunstancia que afecta mayormente a los distritos del norte argentino, quienes dependen en mayor medida de los fondos coparticipables. En este contexto, también queda muy deteriorado el Consenso Fiscal que casi todas las jurisdicciones (salvo San Luis y La Pampa) firmaron con Nación. Las medidas inconsultas que tomó el gobierno nacional dañó directamente este pacto y a las arcas provinciales. Si consideramos la baja del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, la eliminación del IVA a los alimentos de la canasta básica y las medidas dirigidas a monotributistas y autónomos, implican una pérdida total de 30.000 millones de pesos para las provincias. Esa cifra representa un 3% del total de los recursos coparticipables que Nación mandó a los 24 distritos nacionales entre enero y agosto de este año. Más allá de la magnitud del ajuste, otro aspecto a tener en cuenta es que el oficialismo lo hizo sin pasar por el Congreso, como debería. El caso de las jurisdicciones patagónicas es más complicado porque también dejan de percibir ingresos por las regalías de los combustibles, ya que Nación decidió congelar el precio de las naftas. Entre 2016 y 2017, las provincias emitieron deuda por un total de 12.336 millones de dólares, gracias al acompañamiento del gobierno nacional. Tal irresponsabilidad de endeudarse en moneda extranjera y bajo legislación extranjera afectó principalmente a Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Chubut, Santa Fe y Mendoza. A esto se agregaron las sucesivas devaluaciones, que aumentaron la carga de la deuda en dólares contraída, cuyos intereses se convirtieron en uno de los mayores gastos públicos provinciales. A partir del 2018, los mercados internacionales se cerraron a la Argentina y no se pudo continuar con el endeudamiento, pero los gobernadores también miran de reojo las variaciones del riesgo país porque deben refinanciar vencimientos de capital. El caso de Buenos Aires es paradigmático: fue uno de los distritos más beneficiados por el Consenso Fiscal y el incremento de la coparticipación, sin embargo durante la gestión de María Eugenia Vidal la deuda valuada en dólares creció un 40%. En 2015, la deuda bonaerense significaba un 5,9% de su producto bruto y en junio de 2019 ya había trepado hasta el 8,4%. Otro elemento que repercutió en las arcas del interior argentino fue el default selectivo que implementó la Casa Rosada debido a que el “reperfilamiento” genera nuevos problemas a las provincias porque tendrán que “reperfilar” sus obligaciones con proveedores y acreedores. Tal situación también incluye a varios municipios. Las provincias que más invirtieron en la compra de títulos en pesos emitidos por el Tesoro Nacional (ahora defolteados), según datos de la Universidad Nacional de General Sarmiento, son Buenos Aires con 500 millones de dólares, seguida de San Juan (234 millones), Mendoza (205 millones), la Ciudad de Buenos Aires (123 millones), Río Negro (83 millones), Salta (35 millones), Formosa (20 millones), Santa Fe (20 millones), Catamarca (15 millones) y La Rioja (13 millones).