El poder argentino escucha

El poder argentino escucha

La ONU cuestionó duramente el sistema de escuchas telefónicas que aplica la Corte Suprema de Justicia y en algunos casos dijo que realiza acciones “ilegales”.

El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confeccionó un informe sobre el sistema de escuchas telefónicas que emplea la dependencia encargada de esta tarea y que está bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia. El documento resalta varios puntos que resultan alarmantes en relación a la vulneración del derecho a la privacidad en nuestro país. Joseph Cannataci, el autor del trabajo, detalló que por mes son intervenidas (pinchadas) 6.000 líneas telefónicas, de las cuales solo 69 son escuchas directas, es decir, aquellas que se hacen cuando corre peligro la vida de alguien. La mayoría de las conversaciones no son escuchadas por los funcionarios pertinentes, sino que se graban en CD´s y se otorgan a quien las haya solicitado. El especialista alertó que “la tecnología es bastante anticuada”, y eso obliga a la Corte a depender mucho de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), porque es el organismo que brinda soporte técnico de ese tipo de sistema. Por otro lado, también critica que las interceptaciones tienen bajo control respecto a quienes pueden acceder a ellas y es necesario un control independiente sobre su uso. Cannataci se detuvo en el caso ocurrido en el 2015, cuando un agente de la AFI espió a miembros de una comunidad mapuche de Chubut y compartió la información con fiscales de esa provincia. Afirmó que eso es una actividad ilegal, y criticó el rol de la policía y la justicia que “aceptan el producto de la vigilancia”. El relator sugirió que los servicios de inteligencia argentinos lleven adelante “una revisión en profundidad de su cultura y prácticas de opacidad, actualmente impuestas por la ley” y exhortó a mejorar la transparencia del sistema. Explicó que el hecho que la información, que supuestamente debe ser clasificada, tiene un acceso “excesivo, les impide, de facto, poner en práctica políticas de transparencia adecuadas que ayuden a fortalecer la confianza pública”. En esa dirección, también criticó a la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso de la Nación, órgano al que la Corte le había solicitado que analice el sistema de escuchas actual. Cannataci manifestó que esta Comisión “no utiliza al máximo su capacidad jurídica ni posee los recursos para auditar a fondo el desarrollo de casos concretos, y tampoco tiene pleno acceso al contenido de cada expediente”, y en base a eso recomendó la creación de un “nuevo órgano independiente con personal dedicado a tiempo completo”. A todo este andamiaje altamente deficiente que involucra a fuerzas de seguridad y trabajadores del Poder Judicial, hay que sumar el aprovechamiento amarillista de un sector del periodismo que difunde las llamadas pinchadas para apuntalar intereses políticos. Una estrategia que mancha la profesión.